La defensa legal de la fiscal Marita Barreto manifestó que su clienta fue removida de su cargo por un tema administrativo. Además, consideró que Patricia Benavides debería dejar el Ministerio Público mientras dure la investigación.
El abogado de la fiscal Marita Barreto, Luciano López, aseguró este viernes que no está en discusión si la titular del Ministerio Público puede remover o no a un fiscal, sino las circunstancias en la que se produce porque se hace cuando su defendida cumplía una orden judicial de detención del principal asesor de Patricia Benavides y el allanamiento de documentos.
"A mí no me cabe duda de que esto ha sido un entorpecimiento de la investigación. Una obstrucción bastante clara. Es un hecho bastante grave que, por la trascendencia de la investigación, la titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, para mantener la neutralidad, lo más lógico es que de un paso al costado", expresó en el programa Las cosas como son de RPP.
Luciano López señaló que su clienta Marita Barreto fue removida del cargo en la madrugada del lunes con la excusa de que no entregó la información de carga procesal.
"Lo que dice la resolución es que la doctora Barreto tenía que haber llenado unos formatos de información de la carga procesal de los fiscales dentro de su equipo. Por esa cuestión, como ella no completó esos formularios, entonces incumplió", comentó.
Presentan demanda de amparo
Luciano Pérez presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial con la finalidad de que Marita Barreto regrese al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).
López recalcó que esta resolución fue emitida cuando la doctora Barreto ejecutaba una orden judicial de detención preliminar del principal hombre de confianza del fiscal de la Nación”, indicó.
El abogado López pidió celeridad al Poder Judicial para resolver este recurso, porque sostuvo que su patrocinada está encabezando una investigación que involucra a la propia fiscal de la Nación.
La investigación del Eficcop señala que Jaime Villanueva habría sido el intermediario de la fiscal de la Nación para que algunos congresistas impulsen la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, la inhabilitación de Zoraida Ávalos y la designación de Josué Gutiérrez como defensor del Pueblo, por encargo de Benavides Vargas.